ACTYMA DENUNCIA A 55 AYUNTAMIENTOS POR PRESUNTA MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
Hemos presentado 55 denuncias ante el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, de la Generalitat de Calatalunya
Algunos ayuntamientos continúan utilizando el AIAC (Archivo de Identificación de Animales de Compañía) por costumbre o por presiones del sector, pero ello genera un gasto innecesario y acaba favoreciendo un sistema privado en lugar de la opción pública.
El registro público ANICOM (Registro General de Animales de Compañía), en cambio, es oficial y gratuito para la administracion.
El uso del AIAC contradice los principios de eficiencia y buena gestión que establece la Ley de Contratos del Sector Público y podría considerarse un despilfarro de dinero público.
En el caso de los gatos comunitarios, que son responsabilidad de los ayuntamientos, debería utilizarse siempre el ANICOM.
Doce denuncias se dirigen contra los ayuntamientos de Alfarràs, Artesa de Lleida, Badalona, Balaguer, Bell-lloc d’Urgell, Caldes de Malavella, Corbins, Falset, Puigverd de Lleida, Sant Pere de Vilamajor, Sudanell y Torrefarrera, por haber acordado un CONVENIO con el Colegio Oficial de Veterinarios y el Consejo de Colegios de Veterinarios de Cataluña para la implantación de un PROGRAMA GIF-VET (Gestión Integral Felina Veterinaria), desatendiendo lo indicado en la Directriz Técnica de la Dirección General de Derechos de los Animales, editada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Secretaría General Técnica, según lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
El PROGRAMA GIF-VET, junto con la contratación del AIAC, presuntamente vulnera la citada Ley 7/2023, así como lo establecido en el artículo 166.2 del Estatuto de Autonomía, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarenta y tres denuncias se dirigen contra los ayuntamientos de Alguaire, Almacelles, Alpicat, Amposta, Cabrera, Caldes d’Estrac, Calella, Cambrils, Canet de Mar, Castell-Platja d’Aro, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Dosrius, El Prat de Llobregat, Els Pallaresos, Gavà, La Canonja, La Garriga, L’Aldea, L’Escala, Llançà, Lleida, Maçanet de la Selva, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Montblanc, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat, Olot, Palau-Solità i Plegamans, Sant Carles de la Ràpita, Sant Climent de Llobregat, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de les Abadesses, Sant Just Desvern, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç de Montalt, Sitges, Torredembarra, Vallromanes, Vielha e Mijaran y Vilassar de Dalt, únicamente por la contratación del AIAC.
Bajo la cobertura del PROGRAMA GIF-VET, presuntamente se realizan adopciones de gatos sin protocolos, se promueven reubicaciones de colonias felinas, se designan voluntarios no asociados a la entidad gestora de las colonias de gatos comunitarios, etc., en contradicción con la Ley 7/2023.
ACTYMA solicita la apertura de expedientes sancionadores contra los responsables de acordar y aplicar los mencionados convenios.
¡Qué torbellino de leyes y gatos! Parece una comedia de enredos burocrático donde los ayuntamientos se han puesto a gestionar felinos con más pasión que reglas. Mientras unos se defienden con convenios y programas, otros sondenados por contratar ayudantes de forma sospechosa. La Ley 7/2023, con su mirada protectora, parece que más que vigilar a los gatos, está vigilando a los políticos. ACTYMA, con su petición de expedientes, podría ser la dama de honor de esta ópera bufa animalística. ¡A ver si el desorden felino no se convierte en el mayor despilfarro público!